Nuestro oficial de programas Rodrigo Barraza analiza los retos que las infancias y juventudes enfrentan en México, y propone tres caminos para construir un futuro mejor para ellas y ellos.
En México viven cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que representa la tercera parte de la población del país. Con una población de más de 5 millones, el Estado de México es la entidad federativa con mayor número de niñas y adolescentes.
Dicha población, enfrenta múltiples realidades y retos diversos:
Por un lado, encontramos niñas, niños y jóvenes (especialmente en contextos urbanos) que disfrutan de múltiples opciones y una oferta institucional variada que garantiza su desarrollo pleno e integral. En el otro extremo, encontramos a millones de niñas, niños y jóvenes que enfrentan discriminaciones y violencias cotidianas debido a su origen étnico, su género, su orientación sexual o su lugar de residencia.
Sin dejar de reconocer los importantes avances que han existido en los últimos años, entre los que destacan la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en el año 2014 y la creación e implementación de los Sistemas Integrales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y estatal, es importante seguir visibilizando las limitaciones y desafíos que aún existen en materia de atención a nuestras infancias y juventudes.
Retos que enfrenta la niñez y juventud en México
De acuerdo con datos del CONEVAL, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país viven en condiciones de pobreza. Cerca de 3 millones enfrentan situaciones de pobreza extrema.
La organización internacional Save the Children, reporta que todos los días 4 niños y niñas mueren debido a la violencia que asola al país.
Setenta mil niñas, niños y adolescentes mexicanos han sido víctimas de algún tipo de explotación sexual. A su vez, existen al menos 47 grupos del crimen organizado involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales en la Ciudad de México y otros 17 estados del país. 26% de sus víctimas son menores de edad.
En las comunidades indígenas y rurales, la situación de la niñez y adolescencia es el claro reflejo de la desigualdad histórica y estructural que aún prevalece en nuestro país.
El 80% de los 7 millones de niñas, niños y jóvenes indígenas en México vive en condiciones de pobreza. Casi el 25% de las y los jóvenes indígenas son analfabetos y no se cuenta con profesores o materiales educativos sensibles y respetuosos de sus lenguas e identidades étnicas. La prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños indígenas menores de 5 años es del 33.1% frente al 11.7% registrado en los hogares no indígenas.
Al mismo tiempo, niñas y jóvenes sufren, desde etapas cada vez más tempranas, diversos tipos de violencia en todos los ámbitos: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política y en las instituciones. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género.
Más de 4.5 millones de niñas y niños han sido víctimas de algún tipo de abuso físico o sexual en México. Cerca del 88% son mujeres.
INMUJERES, El Instituto Nacional de las Mujeres en México, reporta que en México cada día 32 niñas quedan embarazadas como consecuencia de una violación.
México tiene, además, la tasa de embarazo adolescente más alta de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 62 de cada mil embarazos de niñas y adolescentes. Una de cada cuatro niñas se casa antes de cumplir los 18 años en nuestro país.
La situación de niños, niñas y jóvenes migrantes, retornados y solicitantes de refugio es igualmente preocupante. Se estima que uno de cada tres migrantes que ingresan al país de manera irregular son niñas, niños o jóvenes de entre 15 y 29 años. Dicha población, se enfrenta a detenciones arbitrarias, faltas a su debido proceso, violaciones al interés superior del niño y separaciones familiares -situaciones que agravan exponencialmente su condición de vulnerabilidad.
En lo que va del 2019, más de 1,057 niños han sido deportados a México desde los Estados Unidos, enfrentado múltiples obstáculos para el pleno ejercicio de su derecho a la identidad. A su vez, las políticas de integración de esta población con un enfoque de género y niñez son prácticamente inexistentes.
Se estima que 7 de cada diez mujeres migrantes son abusadas sexualmente durante su tránsito por México. Un amplio porcentaje son niñas y mujeres jóvenes.
Recomendaciones para un cambio efectivo
Ante tal panorama, un elemento indispensable para los siguientes años debe ser la implementación efectiva de la LGDNNA, lo cual implica la efectiva ejecución de los mecanismos que define dicha ley, el desarrollo de legislación secundaria y política pública con base en ésta, el fortalecimiento de las capacidades del gobierno y el funcionamiento pleno de las Procuradurías de Protección de la Niñez. A la vez, es fundamental fortalecer la rendición pública de cuentas y la evaluación de las políticas sociales, principalmente en el nivel subnacional. Finalmente, es necesario avanzar hacia una cultura de derechos de infancia, donde la acción pública pase de una visión asistencialista y caritativa y sea orientada por el deber legal de garantizar el ejercicio de los derechos.
Quisiera concluir mi intervención con tres recomendaciones que ayudarían a fortalecer no solamente el marco jurídico de protección a niñas, niños y jóvenes, sino que, además, avanzan en la construcción de un entorno más ético y humano para la niñez y adolescencia en México:
1. Es esencial dejar de hablar de la niñez y adolescencia en general, como si fuera un grupo homogéneo sujeto a los mismos desafíos, violencias y necesidades. La niñez y la juventud no son etapas inmutables y cristalizadas. Por el contrario, son construcciones históricas y contextuales en dónde la diferencia y la diversidad deben ser siempre nombradas. El tratamiento diferenciado de la niñez y la adolescencia debe, por tanto, ser un elemento transversal a cualquier política pública o iniciativa institucional dirigida a dicho grupo. Ya es hora de ponerle apellidos a la niñez. Ya es momento de hablar y de promulgar iniciativas específicas dirigidas a niñas, niños y jóvenes indígenas, niñas, niños y jóvenes en contextos rurales, niños LGBTTIQ, niñez retornada, niñez afrodescendiente, etc.
No hay una única forma, o una forma correcta de ser niña o niño. Hablemos de infancias y juventudes diversas, múltiples, contingentes. Hablemos en plural.
2. Debemos evitar, en todo momento, la mirada adultocéntrica y utilitaria hacia la niñez y juventud. Las niñas, niños y jóvenes no son moneda de cambio, adultos incompletos o sujetos y sujetos vulnerables necesitados de cuidado y protección. No. Las niñas, niños y jóvenes son también protagonistas y actores políticos capaces de emitir recomendaciones y participar activamente en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas.
Es momento de dejar de hablar de políticas para niñas, niños y jóvenes para comenzar a hablar de políticas por y con las niñas, los niños y los jóvenes. Para ello, es necesario fomentar el diálogo intergeneracional horizontal e igualitario y vigilar el rol de las personas adultas que acompañan los procesos de participación, apostando por circuitos de escucha, de diálogo, de opinión y de interrelación que generen las condiciones óptimas para la participación de Niñas, Niños y Adolescentes en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, incluidas las escuelas, los barrios y al interior de las familias.
3. La lucha por garantizar los derechos humanos de la niñez y juventud deben incluir también el reconocimiento de derechos intangibles que fortalezcan el componente humano. Los derechos más formales y tangibles ligados a la protección y el cuidado de la niñez y juventud, como lo son el derecho a la identidad, a la salud, a la educación, a la participación pública y a la no discriminación, debe acompañarse por un marco de relaciones comunitarias que garantice también su derecho a soñar, a jugar, a desear, a crear, al arte, a los experimentos, a cometer errores.
Todos son derechos igualmente importantes que deben construirse y garantizarse a partir de una política pública sustentada en principios como el de la pedagogía de la ternura. Este enfoque nos convoca a construir relaciones afectuosas, respetuosas y significativas entre adultos y niños para que seamos aliados en la construcción de un mundo dónde los derechos humanos de la niñez sean garantizados en todo momento.
Celebro la apertura de espacios como el de hoy*, los cuales nos permiten imaginar mundos-otros en los que las infancias y juventudes dejen de ser vistas únicamente como “un proyecto a futuro” para, por el contrario, ser una fuerza presente que nos interpela y nos acompaña, hombro con hombro, en la búsqueda de paz, justicia y dignidad.
Muchas gracias.
*Este texto es una adaptación de la ponencia presentada por el Oficial de Programas de GFC Rodrigo Barraza García, durante el Primer Foro por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 9 de octubre de 2019 en la ciudad de Toluca, México. Dicho evento fue organizado por APIC Utopía, organización socia de GFC.
APIC Utopía promueve la construcción de ambientes sanos para niñas y niños en el Estado de México a través de una formación integral que incluye artes marciales y comprensión lectora, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, así como el bienestar y las oportunidades de la niñez y la juventud.
El objetivo principal del Foro, consistió en establecer un diálogo productivo e igualitario entre autoridades y representantes de la sociedad civil, compartiendo retos, aprendizajes y experiencias, y estableciendo compromisos concretos para la plena implementación y mejora de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México.
